🔴 JAQUE MATE de Juez PEINADO a PEDRO SÁNCHEZ y Begoña Gómez LA FISCALIA AL RESCATE y JUECES ESTALLAN | HO

En un panorama político cada vez más convulso en España, la reciente batalla entre el juez Juan Carlos Peinado y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su esposa Begoña Gómez, ha desatado una tormenta en el ámbito judicial. Esta contienda no solo pone en evidencia la complejidad y la tensión de la política española, sino también la inquietante intervención de la Fiscalía en un caso de alto perfil, que muchos consideran una muestra alarmante de la interferencia del poder ejecutivo en el judicial.

La historia se centra en el juez Juan Carlos Peinado, conocido por su valentía y por enfrentarse a figuras de alto perfil. En este caso, Peinado está al frente de una investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. El magistrado ha tomado la decisión de citar a Pedro Sánchez como testigo, lo que ha generado una gran controversia.

Pedro Sánchez ha presentado una querella contra Peinado, argumentando que el juez ha actuado de manera arbitraria al llamarlo a declarar en Moncloa, la sede de la presidencia del Gobierno, en lugar de hacerlo por escrito. La fiscalía, bajo la dirección de Almudena Lastra, ha decidido apoyar esta querella, lo que ha llevado a una creciente preocupación sobre la independencia judicial en España.

El apoyo de la Fiscalía a la querella de Pedro Sánchez ha sorprendido a muchos, especialmente porque la fiscalía debería ser un organismo que se encarga de velar por la justicia y no de proteger los intereses del poder ejecutivo. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha respaldado la admisión de la querella, alegando que el juez Peinado ha actuado de manera prevaricadora, es decir, que sus decisiones han sido injustas y sin respaldo legal suficiente.

Sin embargo, este apoyo ha sido muy criticado, y no solo por la defensa de Peinado. Muchos expertos y abogados consideran que el motivo principal detrás de la querella de Sánchez y la intervención de la Fiscalía es una tentativa de influir en el curso de la investigación y proteger al presidente y su familia. Esta percepción ha generado un debate intenso sobre la imparcialidad y la independencia de la Fiscalía y del poder judicial en general.

La audiencia provincial de Madrid también está en el centro de la polémica. Ha solicitado al juez Peinado toda la causa de Begoña Gómez para decidir sobre el recurso de apelación presentado por su abogado, Antonio Camacho. La solicitud de la audiencia es una muestra de que el caso está tomando un giro significativo, ya que la decisión sobre la apelación podría influir en el curso de la investigación y en la posible recusación del juez Peinado.

La fecha límite para la deliberación sobre este recurso es el 30 de septiembre, y la decisión de la audiencia provincial será crucial. Si se decide en favor de la apelación, podría significar un golpe devastador para la independencia judicial, ya que se estaría cediendo ante las presiones del poder ejecutivo.

Uno de los puntos más polémicos de este conflicto es la acusación de prevaricación contra el juez Peinado. La prevaricación se define como la acción de dictar una resolución manifiestamente injusta a sabiendas de que lo es. Según la Fiscalía y la abogacía del Estado, la decisión de Peinado de citar a Pedro Sánchez como testigo podría encajar en esta definición.

Sin embargo, muchos en la comunidad legal consideran que esta acusación es infundada. El juez Peinado ha actuado en base a su interpretación de la ley y de las circunstancias del caso, y su decisión de interrogar a Sánchez en Moncloa, aunque inusual, no necesariamente constituye un acto arbitrario o caprichoso. La insistencia en calificar esta acción como prevaricadora es vista por algunos como un intento de desacreditar y desestabilizar al magistrado.

La situación ha generado un fuerte rechazo entre muchos abogados y especialistas en derecho. La idea de que la Fiscalía y otros poderes del Estado puedan intervenir en el curso de la justicia para proteger a figuras políticas de alto perfil es preocupante. Los expertos en derecho penal y procesal han señalado que la actuación de Peinado, aunque discutible en algunos aspectos, no puede ser clasificada como arbitraria o carente de base legal.

La intervención de la Fiscalía y la posibilidad de que se recuse al juez Peinado son vistas como un ataque a la independencia judicial. La preocupación es que, si se permite que el poder ejecutivo tenga influencia sobre el poder judicial, se sentaría un precedente peligroso que podría afectar gravemente la integridad del sistema judicial español.

El conflicto entre el juez Peinado y Pedro Sánchez resalta una cuestión fundamental sobre la independencia judicial en España. La influencia del poder ejecutivo en la justicia no es un tema nuevo, pero los recientes acontecimientos han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema judicial ante las presiones políticas.

La posición del juez Peinado y su valentía al enfrentarse a figuras de alto perfil son encomiables, pero también deben ser evaluadas en el contexto de un sistema judicial que enfrenta crecientes desafíos. La intervención de la Fiscalía y la posible recusación del magistrado plantean serias dudas sobre la imparcialidad del sistema y la capacidad de los jueces para actuar sin temer represalias o presiones externas.

El enfrentamiento entre el juez Juan Carlos Peinado y Pedro Sánchez, respaldado por la intervención de la Fiscalía, es una muestra preocupante de cómo el poder ejecutivo puede influir en el poder judicial. La controversia sobre la prevaricación y la posible recusación del juez son indicativos de un problema más amplio sobre la independencia y la integridad del sistema judicial en España.

El caso no solo es un desafío para el juez Peinado y para Pedro Sánchez, sino que también es una prueba para la justicia española en su conjunto. La forma en que se resuelva este conflicto determinará si se mantiene la independencia del poder judicial o si se cede ante las presiones políticas. La situación exige una vigilancia continua y un compromiso firme con la justicia y la imparcialidad, para asegurar que el sistema judicial pueda cumplir su función de manera efectiva y equitativa.