💥​SE LÍA CON LA POLICÍA! CANCELAN LA SEXTA Y CATARROJA DESTROZA A PEDRO SÁNCHEZ CON FUERTES PRUEBAS | HO

El viernes 20 de diciembre, la situación en Catarroja, una localidad de la Comunidad Valenciana, alcanzó un punto álgido en el contexto de la crisis desencadenada por una tragedia reciente.

La tensión se desbordó durante el primer pleno extraordinario celebrado en el municipio tras los trágicos acontecimientos, cuando varios vecinos y ciudadanos, que aún no habían recibido respuestas claras a sus demandas, expresaron su indignación de manera muy visible. La alcaldesa y los concejales del Ayuntamiento se enfrentaron a protestas y acusaciones durante una sesión marcada por la crítica generalizada.

Lo que ha sobresalido es la actitud de la alcaldesa de Catarroja, que fue confrontada directamente por un vecino cuyo testimonio puso en evidencia una grave desconexión entre las autoridades locales y las necesidades de los afectados por la tragedia.

El pueblo, aún en shock y sin respuestas satisfactorias, se sintió abandonado y decepcionado por la gestión local y nacional. En este contexto, se mencionó la grave falta de apoyo para las víctimas y la lentitud en la asistencia que se prometió desde el gobierno.

Uno de los testimonios más impactantes proviene de un vecino que, visiblemente molesto, acusó a la alcaldesa de manipular la información, diciendo que no se envió un aviso adecuado para prevenir la tragedia. Este vecino relató cómo las autoridades, incluso a nivel nacional, sabían de la situación pero no actuaron de manera oportuna. La indignación fue tal que algunos vecinos llegaron a pedir la dimisión de la alcaldesa y otros altos cargos responsables de la gestión del desastre.

La protesta fue amplificada por la sensación de que el gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez, había sido informado de la catástrofe con antelación, pero no tomó medidas hasta que fue casi demasiado tarde. En este sentido, se hizo referencia a la pasividad de la administración, destacando que la falta de respuesta inmediata provocó aún más sufrimiento.

La tragedia, que dejó a muchos ciudadanos en una situación desesperada, ha sido percibida como una manifestación de un sistema político y administrativo fallido, incapaz de gestionar la emergencia de manera eficaz.

Los testimonios de los afectados dejaron claro que la gestión de la crisis había sido caótica, con muchos ciudadanos sin acceso a los servicios básicos, como la ayuda para enterramientos de sus seres queridos, o incluso para poder escolarizar a los niños en un instituto cercano. Se destacó también el apoyo de los voluntarios, que, según los afectados, fueron los que realmente ofrecieron la ayuda necesaria cuando las instituciones públicas fallaron.

A medida que los testimonios de las víctimas se multiplicaban, las críticas hacia los políticos se intensificaron. Los habitantes de Catarroja y otras zonas afectadas comenzaron a denunciar que las ayudas anunciadas, tanto por el gobierno local como nacional, no llegaban de manera efectiva.

De hecho, se mencionó que gran parte de los fondos destinados a la ayuda en España estaban siendo canalizados hacia Marruecos, lo que generó una profunda frustración en la población. La sensación de abandono era palpable, y muchos se sintieron como si su sufrimiento no fuera suficientemente importante para recibir la atención que necesitaban.

El clima en el pleno de Catarroja alcanzó un punto culminante cuando, en medio de las tensas discusiones, la alcaldesa, en una intervención defensiva, defendió la actuación de su equipo, lo que generó aún más malestar entre los vecinos. El enfrentamiento con la policía, que intervino para controlar la situación, solo añadió combustible al fuego.

La denuncia de los afectados de que no se había hecho lo suficiente para mitigar la tragedia resonó con fuerza, y las críticas hacia el gobierno local y nacional fueron cada vez más duras.

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando un vecino, que había perdido a su madre en la tragedia, acusó a la alcaldesa de no haber tomado las medidas necesarias para alertar a la población a tiempo. La alcaldesa, al parecer, había afirmado en entrevistas previas que sí había alertado a la ciudadanía, pero los testimonios de los afectados refutaron esa versión de los hechos. En este contexto, se mencionó que Pedro Sánchez también fue advertido, pero que no reaccionó hasta que la situación ya estaba fuera de control.

El malestar no solo era palpable entre los vecinos, sino también entre los propios trabajadores de emergencia, como los bomberos, quienes describieron la situación en los pueblos afectados como similar a la de una zona de guerra. La falta de accesibilidad, la lentitud en la respuesta y la carencia de recursos fueron cuestiones señaladas como indicadores de la desorganización que se vivió en los días posteriores a la catástrofe. Muchos de los bomberos que participaron en la operación de rescate y recuperación afirmaron que si se hubiera contado con la intervención del ejército desde el principio, la situación podría haberse manejado de manera más eficiente.

Una de las denuncias más graves es la que hace referencia a la responsabilidad política. En este sentido, se habló de un “delito de omisión del deber de socorro” por parte de las autoridades, acusándolas de no actuar con la urgencia necesaria para salvar vidas. Este tipo de negligencia, según los afectados, fue un factor clave en la magnitud de la tragedia.

El panorama general es desolador: las promesas de ayuda y asistencia no se han cumplido en su totalidad, y la gestión de la crisis ha sido objeto de duras críticas. La falta de acción por parte del gobierno local y nacional, la ineficiencia en la coordinación y la percepción de que los responsables políticos no asumieron su responsabilidad, han dejado una profunda huella en la población. En un contexto de creciente indignación, muchos ya exigen que los responsables dimitan y enfrenten las consecuencias de sus actos.

En resumen, lo sucedido en Catarroja y otras localidades afectadas por la tragedia es un reflejo de la crisis de confianza que existe entre la ciudadanía y las instituciones políticas. A medida que surgen más testimonios de afectados, la presión sobre los responsables aumenta, y la exigencia de respuestas claras y medidas efectivas se hace cada vez más urgente.