La tragedia de la DANA y el deber de socorro: ¿Omisiones que cuestan vidas?

El pleno del Ayuntamiento de Catarroja del pasado 15 de diciembre quedó marcado por la indignación y el enfado de vecinos y familiares afectados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), un fenómeno que devastó la región a principios de noviembre. Este primer encuentro oficial desde la tragedia no solo fue un espacio para demandas ciudadanas, sino también escenario de una revelación por parte de la alcaldesa Lorena Silvent que podría tener importantes implicaciones legales.

Una petición de ayuda al más alto nivel

En medio de las recriminaciones y las justificativas por la falta de información y de medios durante la emergencia, Silvent confesó haber solicitado ayuda directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el viernes 1 de noviembre, cuando la catástrofe ya había dejado su huella en Catarroja. En palabras de la propia alcaldesa, comunicó al mandatario que el municipio estaba “solo” y que necesitaba “más medios” para enfrentar la situación.

Según su relato, la respuesta del presidente fue que reforzarían los recursos. Sin embargo, tres días después, el 4 de noviembre, Sánchez declaró públicamente que “si necesitan más recursos, que los pidan”, lo que generó desconcierto entre los afectados. Aún más polémico resulta que Silvent afirmó poseer una grabación de dicha conversación, lo que plantea serias preguntas sobre su uso y las posibles implicaciones penales derivadas de ella.

La omisión del deber de socorro: una mirada al Código Penal

El artículo 195 del Código Penal español establece que “el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses”. Esta disposición, aunque aplicable a cualquier ciudadano, adquiere mayor relevancia cuando se trata de autoridades públicas, quienes tienen competencias y recursos para actuar en situaciones de emergencia.

El reconocimiento por parte de la alcaldesa de haber informado directamente al presidente del Gobierno sobre la gravedad de la situación en Catarroja podría constituir evidencia clave en caso de investigarse una posible omisión del deber de socorro. Si se demostrara que, pese a ser conocedor de la situación, el Ejecutivo no movilizó los recursos necesarios, podrían surgir responsabilidades legales.

Un municipio en ruinas

Catarroja aún muestra las cicatrices del desastre. Con más de 185 garajes y bajos todavía llenos de fango y aguas residuales, muchos vecinos enfrentan condiciones insalubres que dificultan su regreso a la normalidad. La evacuación de afectados se llevó a cabo de manera desigual; mientras algunos fueron reubicados, otros continúan sin alternativas claras.

Estas condiciones de desamparo prolongado no solo son un testimonio de la magnitud de la tragedia, sino también de la insuficiencia de los recursos movilizados hasta ahora. Según la alcaldesa, los pedidos de auxilio han sido reiterados, pero los esfuerzos no han sido suficientes para responder a las necesidades urgentes de los afectados.

La importancia de la grabación

La existencia de una grabación de la conversación entre Silvent y Sánchez podría tener un peso determinante en la evaluación de posibles responsabilidades. Esta prueba podría confirmar si las autoridades competentes fueron informadas de manera oportuna sobre la gravedad de la situación y si hubo negligencia en su respuesta.

Sin embargo, también plantea interrogantes legales y éticos. Según el artículo 198 del mismo Código Penal, grabar una conversación sin el consentimiento de una de las partes podría ser constitutivo de delito, aunque en este caso podría argumentarse un interés público superior dado el contexto de emergencia.

La responsabilidad de la gestión de crisis

En situaciones de desastre, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para garantizar una respuesta efectiva. En este caso, el relato de Silvent sugiere una brecha en esa coordinación. Si bien es cierto que las administraciones locales suelen ser las primeras en responder, también dependen de los recursos y el apoyo del gobierno central para manejar crisis de gran magnitud.

La declaración del estado de alarma o la movilización de recursos militares podrían haber marcado una diferencia significativa en la respuesta. La falta de estas medidas genera preguntas sobre la eficacia de los protocolos existentes y la voluntad política para implementarlos.

Reflexiones finales

La tragedia de la DANA en Catarroja no solo pone de manifiesto la vulnerabilidad de las comunidades ante fenómenos climáticos extremos, sino también la importancia de una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades. La revelación de la alcaldesa sobre su comunicación directa con el presidente del Gobierno y la existencia de una grabación de dicha conversación subraya la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de crisis.

A medida que se investigan las circunstancias que rodearon esta catástrofe, es fundamental que se garantice justicia para las víctimas y que se implementen las lecciones aprendidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Mientras tanto, los vecinos de Catarroja continúan luchando por recuperar sus vidas, esperando que la solidaridad y el compromiso institucional finalmente se traduzcan en acciones concretas.