La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusada de falta de transparencia y competencia durante su gestión.

En un reciente debate parlamentario, Ribera fue confrontada por supuestas contradicciones relacionadas con su actuación durante las inundaciones en Valencia, así como por su vinculación indirecta con las acusaciones de corrupción que recaen sobre su excolega y amigo, José Luis Ábalos.

Acusaciones directas en el Parlamento

Durante el intercambio, un parlamentario de la oposición afirmó que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no emitió alertas preventivas antes del desastre en Valencia, contradiciendo lo asegurado por Ribera.

Según el parlamentario, la propia CHJ habría declarado públicamente que no tenía competencia para emitir dichas alertas.

Este señalamiento pone en duda la gestión preventiva del Ministerio, una crítica que se suma a las denuncias de inacción en la Rambla del Poyo, lugar especialmente afectado por el desastre.

Además, Ribera fue desafiada a responder si estaría dispuesta a dimitir en caso de que se demuestre negligencia o responsabilidad en la gestión de los hechos.

José Luis Ábalos y la “mafia de los hidruros”

El momento más tenso del debate llegó cuando se mencionó el nombre de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave del PSOE, quien enfrenta graves acusaciones de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y malversación.

Según las investigaciones, Ábalos estaría implicado en un esquema de corrupción conocido como la “mafia de los hidruros”, donde se habrían defraudado hasta 182 millones de euros.

La oposición ha insinuado que el Ministerio liderado por Ribera habría sido una pieza necesaria para que esta red delictiva operara, aunque no se han presentado pruebas directas que la vinculen personalmente a la trama.

Sin embargo, las relaciones cercanas entre Ribera y Ábalos han sido utilizadas para cuestionar su integridad.

Críticas desde Europa

La controversia no solo está limitada al ámbito nacional.

Desde el Parlamento Europeo, algunos legisladores han expresado su preocupación por la falta de experiencia de Ribera en materia de gestión de emergencias y su presunta incapacidad para implementar medidas preventivas efectivas.

Estas críticas han alimentado el debate sobre su idoneidad para ocupar un cargo de tanta responsabilidad, tanto a nivel nacional como europeo.

¿Crisis de confianza?

El cúmulo de acusaciones y la percepción de ineficacia en la gestión han generado una crisis de confianza en torno a la figura de Ribera.

Si bien sus defensores argumentan que las críticas tienen un trasfondo político, la gravedad de las acusaciones hace difícil ignorarlas.

La posibilidad de que Ribera enfrente un juicio, especialmente si se comprueban responsabilidades en la tragedia de Valencia, podría poner en jaque no solo su carrera política, sino también la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

En conclusión, el caso Ribera-Ábalos subraya una vez más la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en los altos cargos del Ejecutivo.

Con las elecciones cada vez más cerca, la presión sobre el Gobierno para dar respuestas claras y contundentes no hará más que intensificarse.

¿Será este el principio del fin para Ribera, o logrará salir indemne de este escándalo?

El tiempo y las investigaciones lo dirán.